El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó la suspensión de 14 proveedores del Programa de Alimentación Escolar, luego de detectar irregularidades técnicas durante nuevas inspecciones realizadas tras la adjudicación de las licitaciones públicas nacionales correspondientes a los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028.
Las empresas involucradas están ubicadas en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Francisco de Macorís, Cotuí, La Altagracia, Bahoruco, Santo Domingo Este, Santiago, Hermanas Mirabal, San Juan, Elías Piña y Duvergé.
Entre los principales hallazgos figuran cocinas desmanteladas o inexistentes en las direcciones declaradas, así como diferencias entre la capacidad instalada reportada durante las inspecciones iniciales y la verificada posteriormente.
🔴 No basta con suspender
Cuando se trata de recursos públicos y, especialmente, de la alimentación de nuestros estudiantes, una simple suspensión no debería ser suficiente.
Si se comprueba que hubo falsedad, engaño o incumplimiento de las condiciones establecidas en las licitaciones, corresponde aplicar las multas y demás sanciones previstas por la ley, incluyendo la eliminación del Registro de Proveedores del Estado (RPE) cuando legalmente proceda.
El Estado debe garantizar que quienes participan en procesos de contratación pública cumplan realmente con las condiciones ofertadas. No puede haber espacio para empresas que presenten capacidades, instalaciones o condiciones que luego no puedan demostrar.
La transparencia, la fiscalización y las consecuencias firmes son indispensables para proteger los recursos públicos y, sobre todo, la calidad de los alimentos que reciben nuestros niños y adolescentes.
El dinero público se respeta y la alimentación escolar no puede convertirse en un negocio sin controles.
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