Comunicador considera que algunas mediciones podrían responder a los intereses de quienes las promueven y financian.
El comunicador Félix Lajara cuestionó la credibilidad de las últimas encuestas políticas publicadas en el país, al considerar que sus resultados no necesariamente reflejan la realidad del panorama político dominicano.
Al analizar las mediciones difundidas recientemente, Lajara planteó una reflexión sobre la influencia que pueden ejercer los intereses económicos en la elaboración y divulgación de estudios de opinión, especialmente cuando quienes los promueven tienen vínculos con determinados sectores políticos.
Desde esa perspectiva, sus declaraciones apuntan a la necesidad de examinar con mayor rigor la metodología utilizada, la transparencia en el financiamiento y la independencia de las firmas encuestadoras, a fin de determinar hasta qué punto sus resultados representan fielmente las preferencias de la ciudadanía.
El planteamiento también pone sobre la mesa el debate acerca de si algunas encuestas se utilizan como herramientas para posicionar candidaturas, influir en la percepción pública o crear tendencias favorables a determinados aspirantes.
En el escenario político, las encuestas constituyen instrumentos importantes para medir la opinión ciudadana. Sin embargo, su credibilidad depende de factores como la calidad de la muestra, la fecha del levantamiento, el margen de error, la ficha técnica y la transparencia de quienes las realizan.
Por ello, las mediciones que se publican deben ser evaluadas con sentido crítico, sin asumir automáticamente que sus resultados representan una fotografía exacta de la realidad electoral.
La credibilidad de una encuesta depende de su transparencia, rigor metodológico e independencia. En un contexto político marcado por la competencia y las aspiraciones electorales, la sociedad merece estudios de opinión verificables que contribuyan a un debate público informado.
Las valoraciones sobre una posible manipulación corresponden al planteamiento atribuido al comunicador y no constituyen, por sí solas, una comprobación de irregularidades.
