Al cumplir seis años al frente del Gobierno, el presidente Luis Abinader entra en la etapa más determinante de su administración: aquella en la que ya no basta con hablar de recuperación económica, estabilidad o grandes proyectos anunciados. El país comienza a exigir resultados concretos y obras terminadas que puedan convertirse en parte tangible de su legado.
Superada la etapa de la pandemia y consolidado su liderazgo político con la reelección de 2024, el Gobierno enfrenta ahora una pregunta inevitable: ¿qué grandes obras puede exhibir el país como resultado de seis años de gestión?
La preocupación aumenta cuando se observa el crecimiento del endeudamiento público. Mientras el Gobierno ha recurrido de manera importante al financiamiento para sostener el gasto y ejecutar sus políticas, persiste el cuestionamiento sobre la proporción de esos recursos que realmente se ha traducido en infraestructura y proyectos transformadores para la población.
El problema no es únicamente cuánto se ha tomado prestado, sino qué se ha construido con esos recursos y cuál será el costo que deberán asumir las próximas generaciones. Endeudarse puede ser una herramienta legítima de política pública cuando los recursos se destinan a inversiones que generan crecimiento, empleos y bienestar; pero cuando el endeudamiento crece más rápido que las obras y los resultados visibles, la discusión deja de ser política y pasa a ser económica y social.
A seis años de gestión, el Gobierno tiene el reto de presentar un balance que vaya más allá de estadísticas macroeconómicas y anuncios de proyectos. Los ciudadanos quieren ver carreteras terminadas, hospitales funcionando, sistemas de transporte concluidos, soluciones definitivas al problema eléctrico, acueductos, escuelas, viviendas y obras que cambien de manera perceptible la calidad de vida.
El tiempo de las promesas comienza a agotarse.
La segunda mitad del mandato estará marcada, además, por la competencia política dentro del PRM y por la necesidad del presidente Abinader de garantizar la gobernabilidad mientras su partido se prepara para las elecciones de 2028. Pero antes de pensar exclusivamente en la sucesión, el Gobierno tendrá que concentrarse en cerrar su administración con resultados que puedan ser defendidos ante la ciudadanía.
El verdadero legado de un gobernante no se mide únicamente por la cantidad de deuda contratada, ni por la cantidad de anuncios realizados. Se mide por lo que queda construido, por la calidad de las instituciones y por las soluciones que permanecen cuando termina el mandato.
A seis años, el desafío para Luis Abinader es precisamente ese: demostrar que el endeudamiento asumido por el Estado se corresponde con un nivel de inversión y transformación que justifique la carga que quedará sobre las próximas generaciones.
Porque al final del período, la pregunta será sencilla y difícil de evadir:
¿Cuánto se endeudó el país y, sobre todo, qué recibió a cambio?
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