El gobierno de Nicaragua mantiene al menos una treintena de personas en condición de “desaparición forzada”, práctica que utiliza para “aplastar” a la oposición, denunció este martes un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Informe de la ONU
El reporte, titulado “Anatomía de la crueldad estatal”, fue elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar violaciones cometidas desde abril de 2018.
Según el documento, desde las protestas de 2018 —que dejaron unos 300 muertos, de acuerdo con la ONU— se han registrado 161 casos de desaparición forzada y la muerte de ocho personas detenidas por motivos políticos. Al menos 29 permanecían en paradero desconocido al 31 de agosto pasado.
Los expertos subrayan que estas desapariciones constituyen crímenes de lesa humanidad, al implicar encarcelación arbitraria, tortura, actos inhumanos y persecución política.
De castigo a estrategia
El informe señala que lo que comenzó como “desapariciones de corta duración” para castigar a detenidos e intimidar a sus familias, se ha convertido en una práctica estratégica y recurrente de desapariciones prolongadas, que pueden durar meses o años y afectan a un conjunto cada vez más diverso de víctimas.
Los investigadores sostienen que las desapariciones fueron ejecutadas mediante la actuación coordinada de varias instituciones estatales y una cadena de mando que llega hasta los niveles más altos del gobierno.
Contexto político
El presidente Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto desde 2007. Ortega considera que las protestas de 2018 fueron un intento de “golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.
La represión desatada tras aquellas movilizaciones provocó el exilio de miles de nicaragüenses y dejó a la oposición prácticamente anulada. El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación electoral de partidos adversos y amplía el mandato presidencial de seis a siete años.
Caso Brooklyn Rivera
El informe dedica especial atención al caso del líder indígena Brooklyn Rivera, de 73 años, fallecido en mayo pasado tras casi tres años de detención arbitraria, incluidos dos períodos prolongados de desaparición forzada.
Los expertos calificaron las versiones oficiales sobre su muerte como “médicamente incoherentes” y señalaron que no pudieron ser verificadas por la ausencia de una investigación independiente.
El gobierno informó que Rivera padeció infecciones respiratorias y otras complicaciones mientras estaba hospitalizado, asegurando que recibió atención médica especializada. Sin embargo, la ONU denunció que durante los 32 meses de detención su familia no tuvo acceso a la historia clínica y tampoco se le practicó una autopsia.
Llamado internacional
El Grupo de Expertos pidió al gobierno de Nicaragua revelar el paradero de las personas desaparecidas, liberar a los detenidos por motivos políticos e investigar las muertes bajo custodia estatal, incluyendo la de Humberto Ortega, hermano del presidente, fallecido en 2024.
El informe concluye que las desapariciones forzadas en Nicaragua son parte de una política sistemática de represión y constituyen crímenes contra la humanidad, lo que abre la puerta a posibles procesos internacionales de responsabilidad.
