Alfredo Pacheco y varios legisladores reclaman explicaciones a Interior y Policía, mientras la Policía Nacional ordena una investigación para esclarecer lo ocurrido.
La inmunidad parlamentaria y el alcance de las garantías constitucionales de los legisladores se encuentran en el centro del debate público tras el incidente ocurrido este domingo en la provincia Elías Piña, donde agentes de la Policía Nacional fueron captados en un video mientras se llevaban esposada a la diputada Millys Johanna Martínez Morillo.
El hecho provocó reacciones de varios miembros de la Cámara de Diputados, quienes, junto al presidente de ese órgano legislativo, Alfredo Pacheco, salieron en defensa de la congresista y exigieron a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, una explicación sobre la actuación de los agentes.
¿Qué establece la inmunidad parlamentaria?
La inmunidad parlamentaria constituye una garantía constitucional destinada a proteger el ejercicio de las funciones legislativas y evitar que los representantes electos sean objeto de persecuciones o actuaciones arbitrarias que obstaculicen sus responsabilidades.
En la República Dominicana, el artículo 86 de la Constitución establece la protección de los legisladores frente a la privación de libertad durante las legislaturas, salvo las excepciones contempladas en la propia disposición, entre ellas los casos de flagrante delito.
La aplicación de estas garantías en el caso de Martínez ha generado interrogantes sobre las circunstancias del procedimiento policial y el respeto a las prerrogativas que corresponden a los miembros del Congreso.
Policía Nacional ordena investigar el incidente
Ante la controversia, la Policía Nacional informó que la diputada Millys Johanna Martínez Morillo no fue arrestada, desmintiendo las versiones que circularon en medios de comunicación y redes sociales.
La institución indicó que su director general, mayor general Ernesto Rodríguez García, instruyó al inspector general, general Martín Tapia Sánchez, trasladarse a Elías Piña para encabezar las investigaciones sobre el incidente, en el que estuvieron involucrados agentes policiales, la legisladora y otros ciudadanos.
Según las informaciones preliminares ofrecidas por la Policía, el hecho ocurrió durante una intervención en una estación de expendio de combustibles donde presuntamente se celebraba una fiesta con música y venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes.
Investigación deberá establecer responsabilidades
La Policía Nacional aseguró que las pesquisas permitirán esclarecer las circunstancias en que se produjo el incidente y determinar si hubo actuaciones irregulares por parte de los agentes o de otras personas involucradas.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, la disciplina institucional y el respeto a los derechos ciudadanos.
El caso mantiene la atención sobre la relación entre las actuaciones de los organismos de seguridad y las garantías constitucionales de los representantes legislativos. El resultado de la investigación será clave para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
El desafío institucional consiste en esclarecer el incidente con apego a la Constitución y las leyes, garantizando tanto el cumplimiento de las normas como el respeto a los derechos y prerrogativas que protegen el ejercicio de la función legislativa.
