El documento advierte sobre presuntos vínculos de actores corruptos con el desvío de municiones y revela que tres personas arrestadas en territorio dominicano por la compra de un dron destinado a la banda de “Izo” fueron entregadas a las autoridades haitianas y posteriormente liberadas.
SANTO DOMINGO, RD.– Un informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití advierte sobre la existencia de redes transnacionales que facilitan el abastecimiento de armas, municiones y otros equipos a las pandillas haitianas, mediante operaciones que incluyen adquisiciones realizadas en la República Dominicana y presuntos actos de corrupción.
El documento, identificado como S/2026/714, fue remitido al Consejo de Seguridad el 3 de septiembre de 2026 y publicado posteriormente. En él, los expertos describen mecanismos de tráfico de armamento, desvío de municiones y participación de intermediarios que contribuyen a mantener la capacidad operativa de los grupos armados en Haití.
El informe advierte que, aunque las autoridades dominicanas, haitianas y estadounidenses han adoptado medidas para combatir el tráfico ilícito, los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de las redes involucradas.
Arrestos en República Dominicana por la compra de un dron
Uno de los casos recogidos en el documento se remonta a junio de 2025, cuando las autoridades dominicanas arrestaron a Étienne Roudley, Sony Pierre y Sténio Saint-Fleur mientras presuntamente gestionaban la adquisición de un dron comercial DJI Mavic 3 en Santo Domingo.
Según las investigaciones citadas por el Panel, el equipo estaba destinado a Johnson André, conocido como “Izo”, líder de la pandilla haitiana 5 Segond y uno de los individuos incluidos en el régimen de sanciones de las Naciones Unidas.
Los tres detenidos fueron entregados a las autoridades haitianas el 7 de junio de 2025, en Dajabón. El informe señala que posteriormente fueron puestos en libertad, pese a que, según los expertos, existían evidencias relevantes sobre las gestiones para adquirir equipos destinados al grupo armado.
El caso ilustra las dificultades que enfrenta la cooperación judicial y de seguridad entre ambos países para investigar y sancionar las redes que operan a través de la frontera.
Presunta corrupción y desvío de municiones
El informe también documenta indicios de que municiones procedentes de arsenales dominicanos habrían terminado en manos de pandillas haitianas.
De acuerdo con el Panel, fuentes de seguridad consultadas en ambos países señalaron la posible participación de agentes corruptos de la Policía y de las Fuerzas Armadas dominicanas en el desvío de material, incluido su presunto suministro a través de zonas fronterizas.
Los expertos indicaron que, durante 2026, identificaron municiones compatibles con las procedentes de arsenales dominicanos entre las utilizadas por integrantes de la pandilla 400 Mawozo y otros grupos armados en Puerto Príncipe.
El documento recoge, además, la respuesta de las autoridades dominicanas sobre el arresto, en diciembre de 2025, de un segundo teniente del Ejército y un ciudadano haitiano en San Juan de la Maguana, mientras transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta. El proceso judicial relacionado con ese caso continuaba en curso, según el informe.
Estas informaciones apuntan a la necesidad de fortalecer los controles sobre los arsenales estatales, investigar posibles complicidades y garantizar que las denuncias de corrupción sean examinadas por las autoridades competentes.
Extradición a Estados Unidos y rendición de cuentas
El documento destaca la importancia de perseguir no solamente a los líderes de las pandillas, sino también a los intermediarios y demás actores que facilitan sus operaciones.
Como antecedente, recoge casos de redes de tráfico de armas cuyos integrantes fueron extraditados a Estados Unidos y posteriormente procesados por presuntos delitos relacionados con el contrabando de armas y municiones destinadas a Haití.
Los expertos sostienen que las sanciones dirigidas contra quienes respaldan o facilitan las actividades de los grupos armados son fundamentales para debilitar las estructuras que los mantienen operativos. El informe también recomienda mejorar la cooperación internacional y la aplicación efectiva de las medidas restrictivas establecidas por el Consejo de Seguridad.
No obstante, el documento no establece que la extradición sea la única vía de sanción, sino que presenta la persecución penal, las sanciones internacionales y la investigación de las redes de apoyo como instrumentos complementarios.
Un desafío para la seguridad dominicana y regional
Las conclusiones del Panel colocan nuevamente bajo escrutinio los controles fronterizos, la protección de los arsenales y la cooperación judicial entre República Dominicana, Haití y Estados Unidos.
El informe no responsabiliza de manera colectiva al Estado dominicano por el tráfico de armas, pero sí advierte sobre presuntos desvíos de municiones desde arsenales nacionales y la utilización del territorio dominicano por intermediarios que abastecen a grupos armados haitianos.
El desafío consiste en determinar las responsabilidades individuales, perseguir cualquier acto de corrupción debidamente sustentado y cerrar las rutas utilizadas para trasladar armamento y equipos a las pandillas.
La efectividad de estas medidas será determinante para impedir que las redes criminales transnacionales continúen aprovechando las vulnerabilidades institucionales y fronterizas para fortalecer a los grupos armados que mantienen a Haití sumido en una grave crisis de seguridad.
