El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Varón Duluc Rijo (Cholitín), cuestionó la forma en que se pretende implementar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el distrito turístico Verón-Bávaro-Punta Cana.
Durante una entrevista en el programa “Buenos Días Verón”, transmitido por Macao Radio y conducido por el comunicador Álex Domingo, el legislador afirmó que el POT, en las condiciones en que actualmente se plantea, no puede ser aplicado ni implementado, debido a que existen áreas cuya clasificación, según sostuvo, no responde adecuadamente a la realidad del territorio.
Duluc citó específicamente el caso de La Ceiba del Salado, señalando que la determinación sobre esa zona se habría realizado bajo criterios que, a su juicio, deben ser revisados y contrastados con los estudios técnicos y las disposiciones que establece la legislación sobre ordenamiento territorial.
El senador enfatizó que las decisiones relacionadas con el desarrollo y la organización del territorio deben sustentarse en estudios técnicos pertinentes y en un conocimiento directo de la realidad de las comunidades.
En ese sentido, cuestionó que decisiones de esta naturaleza puedan tomarse “sentado desde un escritorio en Santo Domingo”, sin abordar de manera real las condiciones existentes en las comunidades que serán impactadas por el ordenamiento.
El legislador consideró necesario que se escuche a los residentes, sectores productivos y autoridades locales, y que cualquier clasificación territorial sea sometida a una revisión rigurosa que permita determinar si realmente responde a las características sociales, económicas, ambientales y urbanísticas de cada comunidad.
Sus declaraciones se producen en momentos en que se encuentra en discusión el Plan de Ordenamiento Territorial de Verón-Bávaro-Punta Cana, un instrumento que busca establecer las directrices para el crecimiento y desarrollo de este importante polo turístico de la provincia La Altagracia.
Duluc llamó a las autoridades responsables a revisar los puntos que generan preocupación y garantizar que las decisiones sobre el territorio se adopten con base en la ley, criterios técnicos y la realidad de quienes viven y desarrollan sus actividades en esas comunidades.
