La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ratificó este martes la prisión preventiva de 18 meses contra Héctor Antonio Lora Cruceta, señalado por el Ministerio Público como principal imputado de la estructura que habría realizado maniobras fraudulentas en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y miembro de la junta directiva del IORC, cumple la medida en el CCR Rafey Hombres, mientras que su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, permanece en Rafey Mujeres. Su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, cumple arresto domiciliario.
Fraude y mecanismos utilizados
La investigación del Ministerio Público detalla prácticas como:
- Fraude clínico y farmacéutico mediante cambio de indicaciones médicas y uso de sellos falsos.
- Doble facturación al Senasa y entrega incompleta de medicamentos.
- Venta de medicamentos donados y contrabando con exoneraciones fiscales.
- Uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas.
- Lavado de activos, sabotaje digital y robo de archivos.
El caso fue declarado de tramitación compleja.
Otros procesados en Operación Cobra 2.0-A
El Ministerio Público recordó que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva y domiciliaria, así como garantías económicas, a 24 imputados vinculados a la red que habría sustraído fondos públicos del Senasa.
Entre ellos figuran Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, recluidos en el CCR Las Parras, y varias mujeres en Najayo Mujeres. Otros procesados cumplen arresto domiciliario o medidas económicas.
La revisión obligatoria de estas medidas fue fijada para el 22 de diciembre de 2026.
Impacto del caso
El Ministerio Público sostiene que la estructura utilizó fundaciones y razones sociales para distraer fondos, sobornar distribuidoras de medicamentos y cobrar por servicios no suministrados, afectando directamente a pacientes oncológicos y al sistema de salud público.
Este hecho conecta con la Operación Cobra 2.0, el fraude contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y las medidas de coerción impuestas a los imputados vinculados al Senasa.
