Santo Domingo. — La legislación dominicana contempla penas de prisión de hasta 20 años para determinadas conductas ilícitas relacionadas con la producción, manipulación, sustracción o comercialización fraudulenta de energía eléctrica, dependiendo de la infracción y de las circunstancias del caso.
Las disposiciones forman parte del marco legal destinado a combatir el fraude eléctrico, proteger el sistema energético nacional y garantizar que la generación, distribución y comercialización de electricidad se realicen conforme a las normas establecidas.
Las autoridades han advertido que las conexiones ilegales, la manipulación de medidores y otras prácticas fraudulentas pueden generar consecuencias penales, además de las responsabilidades económicas correspondientes.
La aplicación de las sanciones depende de la conducta específica, las pruebas disponibles y la calificación jurídica realizada por las autoridades competentes.
La prevención del fraude eléctrico es una responsabilidad compartida entre las autoridades, las empresas distribuidoras y los usuarios del servicio.
