El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aprobó un memorándum que respalda la detención y posible deportación del activista e influencer colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como “Beto Coral”, al considerar que sus actividades políticas desde territorio estadounidense afectan los intereses de la política exterior de Estados Unidos.
Según reveló el diario The New York Times, Coral fue detenido esta semana en Phoenix, Arizona, el mismo día en que Rubio emitió el documento en el que determina que el migrante colombiano es susceptible de ser deportado.
De acuerdo con el memorándum, Coral ingresó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y actualmente mantiene pendiente una solicitud de asilo. Sin embargo, el secretario de Estado sostiene que el activista ha utilizado su permanencia en el país para desarrollar actividades políticas en apoyo al presidente colombiano, Gustavo Petro, y para manifestarse en contra del candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella, quien ha recibido respaldo del presidente Donald Trump.
El documento argumenta que permitir que Coral permanezca en Estados Unidos “socava los intereses de la política exterior estadounidense en los procesos democráticos de Colombia” y podría interpretarse como una señal de que ciudadanos extranjeros pueden utilizar plataformas estadounidenses para influir en procesos políticos de otros países sin enfrentar consecuencias.
El caso marca un precedente dentro de la gestión de Rubio al frente del Departamento de Estado. Según el reporte, sería la primera vez que el funcionario utiliza este tipo de facultad para recomendar la deportación de una persona por actividades relacionadas con una campaña electoral extranjera.
La medida ha generado críticas entre expertos en inmigración y defensores de los derechos civiles. Kerry Doyle, exabogada principal de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la administración de Joe Biden, consideró que la detención forma parte de una estrategia destinada a limitar la libertad de expresión de los inmigrantes en territorio estadounidense.
Doyle calificó como preocupante que se utilicen herramientas migratorias para actuar contra personas por sus opiniones políticas, especialmente cuando estas actividades están protegidas por la libertad de expresión.
Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha emitido comentarios oficiales sobre el caso ni ha respondido a las solicitudes de información realizadas por distintos medios de comunicación.
La situación se produce en un contexto de creciente tensión política entre sectores afines al presidente colombiano Gustavo Petro y grupos conservadores que respaldan la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta electoral en Colombia.
