La Junta Central Electoral advirtió sobre las consecuencias que tendría una nueva reducción del financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, al señalar que una medida de este tipo afectaría directamente la estabilidad del sistema electoral, la planificación de las organizaciones políticas y la equidad en la competencia democrática.
De acuerdo con la posición del órgano electoral, las autoridades encargadas de la elaboración del Presupuesto General del Estado han planteado reducir nuevamente los recursos asignados a las organizaciones políticas para el año 2026, lo que profundizaría una disminución ya aplicada en el presupuesto vigente.
La legislación electoral establece que, en años no electorales como el 2026, el Estado debe destinar el equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales al financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, el presupuesto aprobado para ese año fijó esa contribución en 0.12 %, es decir, menos de la mitad de lo previsto en la ley.
En ese contexto, la JCE advierte que una nueva reducción implicaría un impacto significativo en la operatividad de los partidos, afectando áreas clave como la organización interna, la formación política, la logística electoral y el cumplimiento de compromisos financieros previamente asumidos sobre la base de la asignación legal vigente.
- Lee también: Partidos advierten ante la JCE que reducir financiamiento público afectaría la democracia
El órgano electoral subraya que la existencia de un financiamiento estable y previsible es fundamental para garantizar condiciones de equidad en la contienda política, así como para preservar la transparencia y la integridad del sistema democrático.
Asimismo, señala que el sistema de partidos constituye un pilar esencial de la democracia representativa, por lo que cualquier modificación en su esquema de financiamiento debe ser evaluada con especial cuidado para no debilitar su funcionamiento.
La JCE recordó además que la Constitución le otorga la responsabilidad de garantizar procesos electorales libres, transparentes y equitativos, incluyendo la supervisión del uso del financiamiento público en las actividades políticas.
Finalmente, el órgano electoral hizo un llamado a las autoridades competentes a respetar el marco legal vigente y a considerar el impacto institucional que tendría cualquier reducción adicional, en aras de preservar la estabilidad del sistema político-electoral.
