WASHINGTON. — El Gobierno de Estados Unidos anunció la revocación de visas a 27 funcionarios, exfuncionarios, empresarios y familiares de personas señaladas de varios países de América Latina, como parte de una estrategia de Washington contra la corrupción, el narcotráfico y acciones que, según las autoridades estadounidenses, afectan a gobiernos elegidos democráticamente.
La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y afecta a personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre los incluidos figuran fiscales, jueces, autoridades y empresarios, además de familiares directos de algunos de los afectados.
Bolivia concentra la mayor cantidad de casos
Bolivia concentra la mayor cantidad de personas alcanzadas por las restricciones. Entre los principales señalados se encuentra el fiscal general Roger Mariaca, a quien las autoridades estadounidenses acusan de utilizar su cargo para solicitar y recibir sobornos relacionados con actividades de narcotráfico, así como de favorecer la evasión de la justicia por parte de personas vinculadas con delitos violentos.
En Colombia, las medidas alcanzaron a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres, además de familiares directos.
Mientras, en Perú fue incluido el juez Juan Carlos Núñez Matos. Estados Unidos también confirmó medidas contra dos ciudadanos ecuatorianos, aunque sus identidades no fueron divulgadas públicamente.
Washington vincula las medidas al combate contra el narcotráfico
El Departamento de Estado justificó las restricciones como parte de los esfuerzos estadounidenses para defender la gobernabilidad democrática y combatir la corrupción y el narcotráfico en la región.
Washington sostiene que las personas involucradas en actos de corrupción o que colaboren con actividades relacionadas con el narcotráfico pueden representar una amenaza para las instituciones y el Estado de derecho.
Las medidas se producen en el marco del denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico, la trata de personas y otras amenazas vinculadas al crimen organizado.
La decisión también ocurre después de una reciente gira del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú, donde expresó el respaldo de Washington a los esfuerzos de esos gobiernos contra el narcotráfico y la trata de personas.
